El 74% de la obra pública entre 2009 y 2015 (28.863 millones de €) se repartió entre 10 constructoras

De los 8.058 contratos celebrados en esos siete años con un montante total 38.828 millones de euros, la mitad fueron gestionados por el ministerio de Fomento.

Encabezando la lista y a gran distancia del resto está ACS, la sexta constructora del mundo dirigida por Florentino Pérez, presente en el 17% de los contratos. Continúan por volumen contratado Acciona (José Manuel Entrecanales), FCC (Esther Alcocer Koplowitz), Ferrovial (Rafael del Pino), Sacyr(Manuel Manrique), Comsa (Jorge Miarnau), Isolux Corsán(Nemesio Fernández-Cuesta), Villar Mir (Juan Miguel Villar Mir), Copisa (Josep Cornadó Mateu) y Grupo Sando (José Luis Sánchez Domínguez).

Tal conclusión es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación periodística llevado a cabo por la Fundación Civio, publicada en la web quiencobralaobra.es, que siguió el rastro de la contratación pública durante esos años, recopilando a través del BOE y reconstruyendo una base de datos desde la que analizarlos. El equipo de investigación se topó con la opacidad en la información relativa a las UTEs, que se recogen en un registro no público en Hacienda al que los periodistas no tuvieron acceso pese a reclamarlo en el Consejo de Transparencia. Denuncia además cómo para este tipo de sociedades, que representa el 59,2% de la contratación analizada (22.995 millones), la información es ocultada bajo el paraguas de la Agencia Tributaria y el carácter reservado de los datos, cuando los datos de cualquier otra sociedad son públicos en el BORME y el Registro Mercantil. Por ello resulta imposible conocer la proporción de participación de las sociedades que componen las UTEs, además de que no siempre está clara la composición de las mismas.

La investigación realizada pone de relieve el entramado de sociedades y sus alianzas a la hora de exprimir los presupuestos estatales, así como que todas comparten haber estado implicadas en casos de corrupción con diferentes grados de gravedad,  y tener o haber tenido entre sus dirigentes a importantes ex políticos que usaron las puertas giratorias, o algún grado de parentesco o amistad con ellos: Miguel Roca, Calvo Sotelo,  Jordi Pujol, Josep Piqué, etc. Así como establece el carácter nobiliario de las personas que dirigen estas corporaciones, y sus orígenes en las familias más adineradas del barrio de Salamanca, donde muchos de ellos compartieron colegio con políticos, o son herederos de familias ilustres del anterior régimen. También destaca la figura del anterior y el actual monarca como eje vertebral a partir del cual se organizan junto con dirigentes de corporaciones de otros sectores como el eléctrico el financiero, y aporta abundantes datos sobre la cotidianeidad con la que se reúnen a puerta cerrada en Moncloa, o con Presidentes autonómicos. Con toda esta información ilustran con bastante detalle la composición y el funcionamiento de la burguesía nacional.

El equipo de investigación se hace también eco de un informe del Tribunal de Cuentas que establece claramente el cúmulo de ilegalidades que se dan en todos los ministerios en los procesos de contratación pública, donde se les acusa de redactar pliegos a medida, con criterios imprecisos que dan lugar a la arbitrariedad en la concesión, incumplimiento sistemático de las obligaciones de igualdad entre hombres y mujeres (planes de igualdad y su cumplimiento), no justificación de la necesidad de celebrar el contrato, incumplimientos de obligaciones de publicidad básicas, así como de escaso control y seguimiento de los contratos con excesos de facturación final y retrasos.

Tal despropósito en el uso de los fondos públicos suponen una sangría de las cuentas estatales, que son transferidos sistemáticamente a favor de unas pocas familias de la élite económica gracias a la labor de las instituciones del Estado y sus dirigentes, cuyos puestos son copados por miembros de la misma élite a la que benefician, por familiares o amigos, o que mediante el mecanismo de la corrupción conforman un Estado cuya única función es la gestión de los intereses de la clase privilegiada, en perjuicio de la mayoría del pueblo que ve esquilmada la riqueza pública en proyectos faraónicos cuya utilidad principal es la de rellenar bolsillos privados. No es de extrañar pues que de entre las 30 mayores obras, 18 se destinaron a la “alta velocidad”, con un importe de unos 800 millones de euros.

Aunque  no ha formado parte de la investigación, apuntan en la misma que el periodo estudiado donde se ha ido recortando considerablemente las partidas destinadas a obra pública, el Estado ha compensado parcialmente a estas constructoras mediante la concesión de contratos en otros ámbitos distintos, a través de empresas filiales de sus grupos que han ido acaparando servicios como la limpieza de edificios públicos, mantenimiento de parques y jardines, servicios de recogida de basuras, limpieza de calles, etc., otorgados generalmente  al mismo reducido grupo de empresas, monopolizando el sector a lo largo de todo el territorio nacional, desde ayuntamientos y consejerías autonómicas.

El  titánico esfuerzo empleado por el equipo de investigación en desentrañar la información pone números y caras a los responsables de la corrupción (los corruptores, no los corruptos) y de la acumulación de la riqueza del país, y el papel esencial de las instituciones estatales para hacerlo posible, cuestiones ya conocidas por todos a las que aportan pruebas concluyentes del resultado de la corrupción, ser premiados con privilegios para la contratación pública.

No obstante, la Fundación Civio promotora de éste trabajo argumenta que la motivación para llevarlo a cabo persigue el fomento de la transparencia en la gestión pública, así como la de la regulación de las actividades de los lobbies con el fin de mejorar la democracia con herramientas para que los dirigentes políticos puedan rendir cuentas a la opinión pública sobre sus acciones. Con ello se alejan del origen del problema al igual que hacen el resto de medios de comunicación en manos de la burguesía, apuntando a los políticos que se dejan corromper. Políticos que, como estamos comprobando, la propia burguesía puede descartar y reponer a su antojo bajo este sistema, donde el origen de la corrupción son los corruptores, aquellos que tienen capacidad para corromper, lo hagan en secreto o con apariencia legal y transparente, dado que disponen de ingente cantidad de capital acumulado extraído de la riqueza que el capitalismo les permite arrebatar a los trabajadores que la producen a diario. Siendo por tanto el sistema de producción capitalista, fundamentado en el robo, la base de la decadencia de la sociedad, mientras no se acabe con éste será imposible erradicar el problema de la corrupción.

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