BComú cómplice del nepotismo en TMB

La ley de transparencia obliga a desvelar la identidad y los sueldos de los 21 altos cargos de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.

Entre los 21 se embolsan 2,5 millones de euros al año. 120 mil euros de media. Sin contar con el consejo de administración, formado por políticos, que cobran entre 271 y 541 euros al trimestre.

Otros 558 trabajadores fuera de convenio se reparten 32,5 millones de euros. 58 mil euros de media.

Gracias al litigio interpuesto por el diario Catalunya Plural ante la Comisión de Transparencia de la Generalitat, la empresa privada con capital público TMB, dependiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), se ha visto obligado a publicar los sueldos y las identidades de sus 21 altos cargos. La empresa vulneró la ley durante 6 meses para evitar desvelar la información durante la negociación de los dos convenios colectivos del transporte: de metro y autobús.

Mercédes Vidal, presidenta de TMB, y concejala del ayuntamiento en Barcelona por BComú justificó haber ocultado la información hasta que fue obligada por la Comisión de Transparencia en base a la complicación de hacerlo en una empresa tan opaca, en la complejidad de resolver tal cuestión(!), por la resistencia de esos altos cargos, algunos con más de 20 años de antigüedad, y en coincidir durante la negociación muy compleja de los convenios colectivos. No reconoce la necesidad de depurar responsabilidades políticas por ello.

También reconoce heredar un colectivo desmesurado de contratados de épocas anteriores blindados mediante contratos laborales en lugar de contratos de alta dirección, realizados de manera “anómala”, al tener protección laboral diseñada para trabajadores con menores sueldos.

Sobre la contratación del responsable de marketing Joaquim Balsera, exalcalde de Gavá del PSC, explica que surge del acuerdo en el seno de la AMB, órgano político que dirigen en alianza con el PSC, al igual que en el ayuntamiento de Barcelona.

Vemos a la nueva socialdemocracia de BComú cómo maniobra ocultando información para garantizar los privilegios de una casta bastante numerosa, fruto del nepotismo donde se usó a la empresa como retiro de lujo para ex-políticos durante años de gobierno del PSC, sus actuales socios de en el ayuntamiento, y evitar que la riqueza que generan los trabajadores con su esfuerzo sea distribuida más equitativamente. A su vez continúa el nepotismo contratando a miembros del partido, como peaje por ser socio de gobierno. Y como ya viene siendo habitual en los ayuntamientos del cambio, ante la posibilidad de hacer limpieza de ese despropósito, argumenta que no pueden hacer nada, que no les despiden porque están blindados, pese a la irregularidad de su contratación, y a que se negaron a cumplir las órdenes de publicación de sus sueldos, tal como les obligaba la ley, siendo estos, incumplir la ley e incumplir órdenes de sus superiores, motivos sobrado para su despido disciplinario, sin coste alguno.

Resulta muy “democrático” tener una “Ley de Transparencia“ donde se puede constatar lo que ya se sabía: la corrupción es la base del funcionamiento de la democracia burguesa. Pero si saberlo con pruebas fehacientes no significa que el problema se vaya a solucionar, la democracia se queda en mera apariencia, en un engaño al pueblo para hacerles creer que es posible el gobierno del pueblo bajo el capitalismo. Se queda en una traición pues mantiene a la gente eternamente a la espera de mejorías que no llegan. Traición de la que los socialdemócratas, sean nuevos o viejos, la historia ha constatado que son expertos.

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