Madrid, nido de corrupción

La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los epicentros de la corrupción nacional. Tiene todos los ingredientes para ello: Más de una década continuada de gobierno del Partido Popular, dinero en las arcas públicas -es una de las regiones que más aporta al PIB nacional (el 18,8%)- y una gran cantidad licitaciones con las que mercadear y de servicios públicos dispuestos a ser privatizados.

El sistema capitalista español, totalmente putrefacto, no puede ocultar su funcionamiento y desarrollo, y muestra, sin ningún pudor, cómo las tramas de corrupción urbanística y de financiación partidista se entrelazan y hacen de ellas su principal motor. Así, la famosa trama Púnica facilitaba que partidos políticos como PP, PSOE y la entonces IUCM (Izquierda Unida Comunidad de Madrid) se financiaran de manera irregular a través de mordidas que obtenían con las adjudicaciones de parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.

Ahora, con Francisco Granados en la cárcel y, tras la Operación Lezo, también Ignacio González, Esperanza Aguirre ha dimitido acorralada por la corrupción, que ha llegado a prácticamente todos los niveles de la superestructura del sistema en la capital. La situación actual del exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y del expresidente de la Comunidad de Madrid que le sucedió muestran al conjunto de la clase obrera hasta qué punto está podrido este sistema criminal.

La Operación Lezo nos muestra los lazos de las grandes empresas (la consultora Price Waterhouse Coopers, la constructora OHL, Mercasa, Indra) dueñas de los medios de producción y dueños, por tanto, de la estructura económica del capital con la superestructura política, desentrañando así la veradera esencia del sistema capitalista y la podredumbre inherente al mismo.

Cristina Cifuentes, actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, se muestra ajena a todo ello y, con la impunidad de quien se cree intocable, va desarrollando a una velocidad de vértigo las políticas de la oligarquía nacional, a saber: llenar los bolsillos de los portavoces del capitalismo como Daniel Lacalle, que recibirá 180.000 euros anuales por ser el “Embajador madrileño para el Brexit” -lejos de los 50.000 euros, el salario oficial-, y aumentar las privatizaciones de los servicios públicos, como lo refleja el gasto en privatizaciones sanitarias que ha pasado de los 414,85 millones de euros del año 2009 a los 810,25 millones del año 2014, un incremento del 95%, tendencia que ha continuado hasta alcanzar los 962,21 millones de euros presupuestados para el año 2016.

La clase trabajadora, mientras tanto, sufre las consecuencias de las políticas burguesas ejecutadas:

La sanidad pública se derrumba, el ejemplo más gráfico lo encontramos en el Hospital 12 de Octubre que se cae a pedazos: el techo de un pasillo de 20 metros del departamento de Medicina Nuclear se vino abajo hace unos meses y los trabajadores del hospital denunciaron los efectos nocivos para los pacientes y los propios trabajadores debido a la inhalación del polvo proveniente del derrumbe. El Hospital Gregorio Marañón permaneció sin agua caliente ni calefacción durante varias horas el pasado 25 de diciembre. La Intervención General de la Comunidad de Madrid ha encontrado en este mes de Abril irregularidades en la gestión del Hospital Ramón y Cajal durante los años 2012, 2013 y 2014 por la “utilización desproporcionada de los contratos menores” (licitaciones de obras sin concurso público).

Todos estos datos referentes a la situación de la Sanidad madrileña no son más que la prueba fehaciente del proceso de destrucción que se está llevando a cabo en los servicios públicos. el proceso es bien conocido por todos: recortar los presupuestos destinados a estos servicios y abrir la veda con pequeñas privatizaciones (limpieza, gestión…), bajar la calidad del servicio público a niveles alarmantes e iniciar la batalla ideológica de las bondades de la sanidad, educación, pensiones… privadas para después proceder a su completa privatización.

La educación pública ha dejado a más de 9.000 alumnos sin plaza para los cursos de Formación Profesional, como ha reconocido la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, viéndose imposibilitados de esta manera para estudiar y también para trabajar, puesto que la tasa de paro juvenil es del 42%. Frente a ello el pueblo tiene que salir a la calle contra el cierre de ciclos de FP en institutos como Valcárcel (Moratalaz), Francisco de Goya (Ciudad Lineal), Vallecas I (Puente de Vallecas), Pradolongo y Ciudad de Jaén (Usera) y La Cañada (Coslada) y contra el cierre del Instituto Pérez Galdós para evitar que hayan aún más alumnos sin plazas para estudiar.

Los inmigrantes encarcelados ilegalmente en el CIE de Aluche son, cada año, de casi 3000 personas según SOS Racismo Madrid que denuncian los efectos psicológicos de la falta de libertad, así como las malas condiciones higiénicas, saturación, frecuentes tratos vejatorios y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y que han provocado las protestas y fugas de los encarcelados.

Y qué decir de la situación de todos aquellos trabajadores que tienen la “suerte” de poder ir a su centro de trabajo todos los días. Sufriendo las cargas de trabajo excesivas para la jornada laboral, horas extras interminables, la “espada de Damocles” del despido a diario o la persecución sindical para aquellos compañeros que se niegan a aceptar las condiciones miserables que imponen las empresas.

La última Encuesta de Condiciones de Vida, hecha pública este martes por el Instituto Nacional de Estadística, indica que el 22% de la población del país se encuentra en riesgo de pobreza, una tasa que ha aumentado dos décimas en un año. El informe refleja también que un 38 % de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 39,5 %, casi cuatro de cada diez, no puede irse de vacaciones ni una semana al año; y el 8,4 % se retrasa en los pagos de su vivienda (hipoteca, alquiler, el gas, la electricidad o los gastos de la comunidad).

Este es el panorama que nos ofrece el sistema capitalista en la Comunidad de Madrid y en el estado español: una vida de miseria para el conjunto del pueblo trabajador que explica por qué la tasa de suicidios se ha elevado un 20% desde el inicio de la crisis. Vida y condiciones inhumanas que, aunque no aparezcan publicadas en la prensa burguesa, son el día a día de la clase obrera.

Desde el Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español de Madrid denunciamos esta situación de miseria que nos impone el capital y hacemos un llamamiento al pueblo trabajador para engrosar las filas del Partido de la clase obrera y comenzar a organizar, sin tiempo que perder, la democracia obrera, la revolución que traiga consigo el Socialismo, máxima aspiración de nuestra clase.

¡Abajo el capital criminal!

¡Por la construcción del Socialismo!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Madrid

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