Los recortes en sanidad cuestan a las familias 4.000 millones en la privada

Según reconoce el propio Ministerio de Sanidad en un informe, la situación de precariedad en la que ha quedado el sistema público de salud ha obligado a las familias a acudir a la sanidad privada.

La gestión que el Estado ha hecho de la crisis en éste sector, donde se redujo el gasto público en un 11% (8.000 millones) en el período 2010-2014, ha producido un trasvase de riqueza desde las familias a las corporaciones de la sanidad privada, que les ha supuesto un incremento de ingresos del 16% (4.000 millones).

Se da una situación tal, que dado que los trabajadores seguimos contribuyendo al erario público ahora en igual medida que antes de la crisis, las familias que por la gravedad de sus enfermedades no pueden esperar los tratamientos dilatados que ofrece la pública, y pueden permitírselo económicamente, pagan doblemente por la atención médica: una vía impuestos por una sanidad pública que ya no le sirve, y otra por la privada, que tiene que pagar igualmente de su bolsillo. De manera que el trasvase de la riqueza es producto del chantaje con nuestra salud organizado por un Estado al servicio del beneficio de la minoría elitista dueña de las corporaciones industriales y financieras que tienen participación en las empresas de sanidad privada.

Pero no se limita el Estado con esta estrategia para beneficiar a las empresas privadas de sanidad, también lo hacen mediante diferentes modalidades de conciertos donde la sanidad pública cede trabajos que “no puede llevar a cabo”, y los paga a la sanidad privada: estancias médicas en camas de hospitales, intervenciones quirúrgicas para aligerar listas de espera, servicios de radioterapia, diagnósticos por imagen (resonancias, TAC, PET, ecografías, mamografías, gammagrafías, … ), análisis clínicos, hemodiálisis, fisioterapia, logopedia, tratamiento de patologías cardíacas, terapias respiratorias, cataratas, juanetes, … Según la Fundación IDIS, organismo perteneciente a la patronal de la sanidad privada, el peso de la actividad concertada en hospitales privados se estima en aproximadamente un 20% de la actividad total.

Igualmente la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales les supone ingentes ingresos a las corporaciones de la salud privados, en esta ocasión procedentes de las cuotas abonadas por los trabajadores, y gracias igualmente a la intervención del Estado, al disponer una legislación diseñada al servicio del beneficio privado de una minoría. Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 asignan a este apartado 1.308 millones de euros. A cambio los trabajadores enfermos o accidentados reciben un tratamiento médico centrado en maximizar los beneficios de estas “entidades colaboradoras de la Seguridad Social sin ánimo de lucro”, con lo que su prioridad es dar de alta al afectado sin importar que se haya repuesto de su dolencia, con el consiguiente responsabilidad en el agravamiento de la salud general de la población.

Otra vía tradicional para la financiación con dinero público al sector privado sanitario corresponde al mutualismo administrativo, donde entidades como MUFACE, ISFAS, MUGEJU, ofrecen sistemas de salud privado a funcionarios civiles, militares y judiciales respectivamente. El montante para 2.010 fue de 1.413 millones de euros.

Así mismo, otras administraciones del Estado como diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos, conciertan servicios públicos que son prestados por entidades privadas: residencias de ancianos, gestión privada de hospitales públicos, teleasistencia, asistencia a domicilio, etc…

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